La Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, integrada por cerca de 80 facultades de universidades públicas y privadas de todo el país y que representa a más de 100.000 estudiantes, ha insistido en la necesidad de frenar la actual desnaturalización del Máster de Abogacía y Procura, para lo que resulta imprescindible que las pruebas de acceso a la profesión sean presenciales, territoriales y basadas en preguntas prácticas. Estas propuestas se enmarcan en las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el Máster de Abogacía y Procura de la Conferencia, que celebró su reunión extraordinaria en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad de Sevilla. En este encuentro, los expertos advirtieron que el Máster se ha adaptado recientemente a la estructura de la prueba de acceso, y que esta, alejada de sus fines originales, ha provocado que el posgrado se esté “desnaturalizando y convirtiéndose en un mero trámite o requisito formal” destinado únicamente a preparar y aprobar la prueba, la cual no cumple su función selectiva. Ante esta situación, el Grupo aboga por garantizar que el Máster ofrezca una formación de calidad, adaptada a la preparación para el ejercicio profesional mediante la definición clara de sus contenidos y estructura. Esto implica también modificar las pruebas de acceso a la profesión, que deberían volver a ser presenciales —condición que perdieron durante la pandemia—, territoriales y basadas en la formulación de preguntas prácticas que acrediten las competencias necesarias de los aspirantes para ejercer la profesión.

El Grupo de Trabajo sobre la revisión del modelo actual de Másteres en Abogacía y Procura, integrado por Juan José Hinojosa Torralvo (UMA), José Antonio Martín Pérez (USAL), María José Moral Moro (UVa), Dulce Cairós Barreto (ULl), Alfonso Ortega Giménez (UMH), Elena Boet Serra (UdG) y Àngels Galiana Saura (URV), y que se reunió este viernes en la Universidad de Sevilla, contó con la participación de la secretaria general para la Innovación y Calidad de la Justicia del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la revisión del modelo actual de Trabajos de Fin de Grado (TFG) consideró necesario reflexionar sobre la naturaleza obligatoria u optativa de esta asignatura en los actuales planes de estudio del Grado en Derecho, teniendo en cuenta las dificultades prácticas de su implementación y, en particular, las consecuencias de la irrupción de la inteligencia artificial (IA). El documento de propuestas presentado por el Grupo se elaboró tomando como punto de partida la información recabada mediante una encuesta a las distintas facultades de Derecho integradas en la Conferencia. Los resultados pusieron de manifiesto una gran heterogeneidad de enfoques de la asignatura en cuanto a su configuración, carga crediticia, requisitos de matrícula o formas de evaluación.

Asimismo, el documento final recoge sugerencias relacionadas con el uso de la IA, como la definición de temáticas o líneas de estudio actuales o casos concretos para limitar su uso, la supervisión directa y progresiva del proceso de elaboración para comprobar que se dedica el tiempo necesario a cada apartado, la celebración de sesiones individuales o grupales para enseñar a los estudiantes a usar la IA de manera ética, y el requerimiento de una declaración responsable en la que el estudiante detalle si ha utilizado (y cómo) herramientas de IA.

En este sentido, se propone cambiar el sistema de evaluación para valorar más el pensamiento crítico, la originalidad y el dominio personal del tema, además de la corrección y relevancia de las citas y referencias empleadas, así como la importancia de la exposición y defensa oral, frente a aspectos fácilmente obtenibles mediante IA. “Con todo ello se busca promover una cultura académica que valore el aprendizaje y el esfuerzo personal, incentivando la mejora continua mediante un seguimiento periódico y creando conciencia sobre las consecuencias éticas, académicas y disciplinarias del uso indebido de la IA que puedan afectar la trayectoria educativa del estudiante”, destaca el Grupo, que aboga por el protagonismo del acto de defensa, en el que los docentes planteen preguntas directas a los estudiantes sobre el contenido del trabajo, el proceso de investigación previa o el origen y procedencia de las fuentes citadas, para comprobar si se ha hecho un uso inadecuado de la IA.

El Grupo, que subraya que una adecuada tutorización exige al profesorado mayor dedicación que las horas o créditos reconocidos, estuvo integrado por Francisca María Ferrando García (UMU), Manuel de Peralta Carrasco (UNEX), Dulce Cairós Barreto (ULl) y Laura Salamero Teixidó (UdL). La presentación del informe contó con la presencia del secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascua, ante quien se recomendó configurar esta asignatura como optativa.

La Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho persigue el fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de Derecho en las distintas facultades mediante la creación de foros de debate e intercambio abiertos a todas las universidades españolas sobre temas de interés para los títulos de Derecho. Asimismo, busca constituirse como interlocutora ante los poderes públicos en relación con las normas que afecten a la enseñanza del Derecho, en estrecha coordinación con la CRUE.

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Texto: FDET