La respuesta penal es insuficiente para proteger las víctimas de matrimonios forzados que hay en el Estado español, puesto que a menudo las sitúa en el cruce de tener que romper con su comunidad de origen para poder obtener tutela institucional y no prevé otros mecanismos jurídicos alternativos. Así lo plantea el proyecto de investigación Formas contemporáneas de violencia de género: mecanismos jurídicos de protección a las víctimas, liderado por la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Lleida (UdL) Carolina Villacampa. El estudio, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, se presenta este viernes a la UdL en el marco de la jornada Manifestaciones contemporáneas de la violencia de género. Matrimonios forzados.

La investigación pone de relevo que, en la mayoría de casos, para realizar estos matrimonios forzados se utilizan "mecanismos de baja intensidad, sutiles, relacionados con la pertenencia de las víctimas a una determinada comunidad", explica Carolina Villacampa. La mayor parte contraen como consecuencia de la presión familiar (38,9%) y la afección a la tradición, según los testigos recogidos. Sólo en un pequeño porcentaje se objetiva el uso de violencia o intimidación. El artículo 172 bis del Código Penal requiere, precisamente, la concurrencia de "violencia o intimidación grave" para castigar este delito, con penas de entre 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión.

El equipo liderado por Villacampa se ha puesto en contacto con más de 500 entidades de asistencia a víctimas, de las que han respondido 150. Los testigos aportados indican que el colectivo con mayor riesgo son las chicas más jóvenes. Un 33% de los casos analizados son, de hecho, menores de edad. En este sentido, el último informe de UNICEF indica que 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año en todo el mundo.

El estudio de la UdL pone de manifiesto que la mayor parte de las víctimas son musulmanas, a pesar de que un pequeño porcentaje son católicas. La mayoría proceden del Magreb, seguidas por las originarias de la África subsahariana; a pesar de que un 20% tienen la nacionalidad española. La catedrática de Derecho Penal tiene previsto ampliar esta línea de investigación con un nuevo estudio cualitativo. De momento, los resultados preliminares de esta investigación cuantitativa se presentarán viernes 9 de marzo, a las 18.00h, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo, al campus de Cappont. Será la conclusión de un seminario especializado sobre matrimonios forzados.

La inauguración de la jornada irá a cargo de una de las máximas expertas europeas en estos procesos, la profesora de Criminología de la Universidad de Roehampton (Londres), Aisha Gill. Especialista en la respuesta de la justicia penal a la violencia sufrida por las mujeres negras, de minorías étnicas y refugiadas en el Reino Unido, el Curdistán iraquí y el India; sus investigaciones se centran en la violencia doméstica, el matrimonio forzado e infantil, la mutilación genital, y la violencia por causa de honor. Además de su intensa actividad académica, Gill habitualmente asesora en estas cuestiones el Ministerio de Justicia Británico, Scotland Yard y el CrownProsecution Service.

En este seminario de la UdL también tomarán parte especialistas de las universidades de Sevilla, León, Jaume I de Castelló y Rovira y Virgilio de Tarragona. Así mismo, está prevista la asistencia del Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Luis Lafon. El programa incluye una mesa redonda con asociaciones de asistencia como por ejemplo Valientes y Acompañadas.


Texto: Oficina de prensa UdL